La Corte Constitucional ha sido históricamente la talanquera a los autoritarismos. Una y otra vez les ha puesto el pecho a los vientos ultraconservadores que cada tanto quieren reformar la ley, entronizar a un presidente, recortar los derechos de las minorías. Ese papel la ha convertido en el objeto de los deseos de los godos ultramontanos de este país, que no ven la hora de hacerse con ella para echar abajo la larga tradición de juristas demócratas y garantistas. Esa derecha nunca descansa y cada tanto a la Corte le toca persignarse para no desviar el camino. Y este es uno de esos momentos, pues la restitución de tierras está en peligro.
La Ley 1448, que acumuló el reconocimiento a las víctimas y la restitución de tierras, se concibió para revertir los efectos que la guerra ha tenido en la concentración de la propiedad en Colombia y, a la vez, abrió la senda hacia la negociación de paz con las FARC. Pero desde que nació ha sido acechada —y detestada— por los grandes terratenientes, los testaferros de los paras y los narcos, y los defensores de la idea de que en este país no existe el conflicto armado sino la amenaza terrorista. Han sido muchas las batallas que ha tenido que enfrentar para estar vigente; sin embargo, hoy enfrenta una nueva amenaza.
Detrás de un caso de restitución de tierras en Norte de Santander, que no resulta muy representativo del despojo, se está abriendo una grieta por la cual se podría ir toda la ley. Se trata del predio Venecia, el cual pertenecía a una familia de campesinos y militantes de la Unión Patriótica. Los paramilitares, en alianza con el ejército, hostigaban a la pareja y a sus hijos en 1989, a tal punto que asesinaron a tres de los muchachos y atentaron contra don Saúl, quien en 1991 no aguantó más el asedio y abandonó su tierra. Su vecino y socio, con algo de codicia y otro tanto de compasión, le compró por nada la tierra. Pasaron los años y en la región aparecieron los empresarios de palma africana.
La tierra les llamó la atención y en 2008 en un negocio algo confuso los palmeros la adquirieron. Con un detalle interesante: en la mañana el vecino compasivo le vendió la tierra a un fulano por $95 millones y en la tarde el fulano vendió la misma tierra por $1.200 millones a los empresarios. El caso llegó al tribunal de restitución de Cúcuta y en el 2019 el juez falló a favor de los campesinos y les negó a los empresarios la calidad de terceros de buena fe, por considerar que no hicieron la debida diligencia para evitar la compra de tierras manchadas por la sangre campesina. Pero los empresarios, cuyo proyecto de 400 hectáreas en palma vale miles de millones, interpusieron una tutela.
La tutela fue seleccionada y la Corte en una sentencia de unificación resolvió el asunto de una manera muy llamativa y a la vez peligrosa. De un lado, mantuvo los derechos de los campesinos despojados, pero, del otro, decidió convertirse en una nueva instancia en el proceso de restitución de tierras, les otorgó la condición de terceros de buena fe a los empresarios y ordenó al Estado compensarlos. La decisión parece salomónica, pero encarna un grandísimo riesgo para la restitución de tierras y es sentar el precedente jurídico de que existe una nueva instancia en el proceso: la tutela. Un camino muy riesgoso por el que los empresarios empezarán a desfilar uno a uno en busca de que sea el alto tribunal quien resuelva de fondo todos los casos de restitución donde estén involucrados.
La situación tiene en alerta máxima a quienes se han jugado el pellejo para desenmascarar los intereses económicos detrás de las masacres y del paramilitarismo, pues la grieta que abrió la Corte se podría convertir en un boquete por el que naufrague la ley. De ahí que la Unidad de Restitución haya apelado a un recurso inédito en el ordenamiento jurídico: solicitó la nulidad de la decisión de la propia Corte. Lo hace sin mucha ilusión, pero con toda decisión, pues sabe que se necesita dejar constancia histórica de que esa decisión del máximo tribunal constitucional se podría convertir en el acta de defunción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esperemos que la Corte recalcule los efectos de su decisión y siga garantizando el derecho de los campesinos a volver a sus terruños.
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